La Justicia española restringe el derecho a voto, Suiza lo amplía: dos actualidades opuestas
Mientras España vive una nueva polémica sobre la participación política de sus ciudadanos en el exterior, Suiza ha dado este miércoles un paso en la dirección contraria. La comparación resulta llamativa: un país debate cómo excluir temporalmente a parte de su electorado, mientras el otro busca incorporar a personas que hasta ahora estaban privadas de derechos políticos.
El Tribunal Supremo español ha suspendido los derechos electorales de decenas de miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática o «ley de nietos». La decisión de la Justicia afecta a numerosos descendientes de emigrantes y exiliados españoles residentes en el extranjero, incluidos muchos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), y probablemente les impedirá participar en las próximas elecciones generales de noviembre. Según diversas estimaciones citadas en el procedimiento, la medida puede alcanzar a más de 160.000 personas.
El alto tribunal considera necesario preservar la seguridad jurídica y la transparencia del censo mientras resuelve el fondo del litigio sobre la interpretación administrativa de la ley. La nacionalidad concedida no queda anulada, pero sí se suspenden provisionalmente sus efectos electorales en un colectivo que seguiría viviendo en España si sus familias no hubieran tenido que exiliarse a causa de la dictadura franquista.
La decisión judicial ha provocado una fuerte reacción política. Impulsor de uno de los recursos que desembocó en la resolución del Tribunal Supremo, el partido de extrema derecha Vox celebró la noticia del recorte del derecho a voto y llegó a solicitar que se ampliaran las restricciones en el censo exterior. El PP también ha cuestionado repetidamente la ampliación del electorado derivada de la ley, evidenciando el cambio de criterio de su propio líder Alberto Núñez-Feijóo, que en un viaje a Argentina había pronunciado palabras de apoyo al voto de los nietos de exiliados. En cambio, la coalición de gobierno encabezada por el PSOE y sus aliados de izquierdas expresaron su indignación: junto con la Abogacía del Estado, el Gobierno intentó sin éxito que se levantaran las medidas cautelares del Tribunal Supremo para garantizar el ejercicio del sufragio. También el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha elevado su voz en contra de esta decisión judicial.
Se trata de un nuevo episodio de ataque al voto de los españoles en el exterior, después de sufrir en 2011 una reforma que les retiró el derecho de participación a nivel muncipal y generalizó el voto rogado en todas las demás convocatorias. Entonces la política entró en una espiral, desoyendo la insistente advertencia de instituciones, federaciones políticas y organizaciones de la diáspora, que alertaron del derrumbe de participación que eso provocaría. Tras verificarse inmediatamente en la realidad que las advertencias eran fundadas, varios partidos se abrieron a rectificar, así como el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al final de su mandato. Después de estancarse el asunto durante los gobiernos de Mariano Rajoy, la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez lo arregló en 2022.
Dudas sin pruebas sobre el voto por correo
Paralelamente, otra controversia tiene una importancia especial para los españoles residentes en el extranjero, ya que la gran mayoría ejerce su derecho mediante el voto por correo. Durante los últimos meses, dirigentes del PP han multiplicado sus declaraciones alertando sobre supuestas irregularidades en el voto por correo, alimentando dudas sobre la fiabilidad del sistema, como hizo previamente Donald Trump en EEUU. Aunque no se han presentado pruebas del supuesto fraude, estas intervenciones han contribuido a sembrar desconfianza en una modalidad de voto esencial para la participación de la diáspora española.
La dirección contraria en Suiza
Precisamente hoy, el gobierno suizo anunció la apertura de una consulta para modificar la Constitución y la legislación federal con el fin de reconocer los derechos políticos a las personas con discapacidad intelectual que actualmente están excluidas del voto a nivel federal. El objetivo declarado es que todos los ciudadanos suizos mayores de edad puedan participar en elecciones y votaciones, reforzando así la igualdad y la autodeterminación.
Por otra parte, en Suiza la inmensa mayoría del voto se ejerce por correo, sin cuestionamiento. Desde la generalización del voto postal en los años 1990, este método se ha convertido en la norma y no en la excepción. Según datos citados habitualmente por la Cancillería federal y diversos estudios sobre la participación electoral, entre el 85% y el 95% de los votos emitidos en votaciones federales llegan por correo.
La coincidencia temporal de ambas noticias ilustra dos enfoques muy distintos. Mientras España debate quién debe quedar fuera del censo electoral y sobre la idoneidad del voto por correo, Suiza plantea ampliar el acceso a las urnas y ejerece masivamente el voto por correo con total normalidad. Dos democracias europeas, dos actualidades opuestas sobre la democracia y la participación electoral.