Los miembros del CRE se dirigen al Defensor del Pueblo en contra de la reforma del voto exterior

«Acatamos y respetamos la reforma de la Ley electoral decidida por el Parlamento, pero no la compartimos.» Así acordó manifestarse el Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Ginebra (CRE Ginebra). El órgano consultivo de la colonia española en Suiza occidental lamenta que se complique el voto exterior mediante la nueva obligación que tendrán los electores de rogar su derecho al voto en cada uno de los comicios. El CRE Ginebra cree «inevitable» que la participación electoral de la diáspora se derrumbe a partir de las próximas elecciones, las autonómicas del mes de mayo.

Por otra parte, el CRE Ginebra «lamenta profundamente» que se haya decidido retirar el derecho al voto municipal de los españoles en el exterior. Considera que «los parlamentarios han tomado decisiones sin conocer el terreno que pisaban». Advierte que «muchos diputados siguen hoy por hoy confundidos en la materia al creer erróneamente que un residente en el extranjero podrá seguir votando en su municipio español siempre que esté inscrito en el Censo Electoral de Residentes (CER), como indica la reforma, cuando es sabido que un elector que vive en el exterior de España no puede estar inscrito en otro registro que no sea el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)».

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La reforma «vulnera claramente la Constitución»

El CRE Ginebra cree que la reciente reforma de la Ley electoral (LOREG) «vulnera claramente y en varios puntos la Constitución Española así como la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior». Como tal, un Consejo de Residentes Españoles no puede anteponer un recurso de inconstitucionalidad ni dirigirse al Defensor del Pueblo, ya que la ley no le permite este tipo de intervenciones. Sin embargo, cada miembro del Consejo puede plantear el asunto de forma individual al Defensor del Pueblo, acogiéndose como ciudadano a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 40/2006, que dispone que «los españoles residentes en el exterior pueden dirigirse al Defensor del Pueblo o a los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas invocando un interés legitimo, en las mismas condiciones que los residentes en España». Este paso es el que han decidido realizar los siete integrantes del CRE Ginebra. Cada uno firmará un escrito que elevará a la institución que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía para que, a su vez, estudie la posibilidad de hacer uso de su capacidad legal para acudir al Tribunal Constitucional.

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