España se merece federalismo

Publicidad

Con pena, impotencia y preocupación contemplo desde Suiza los acontecimientos en la patria que vió a mis padres emigrar, allá por los años sesenta. Socializado y politizado en un sistema basado en la democracia directa, el federalismo y la concordancia, hay veces que no doy crédito a las noticias que llegan desde España.

Cuando hace seis años elaboré con Juan Cortizo en la propuesta de reforma constitucional reforma13.es y publicamos el libro “España se merece una Re-Constitución”, la gente acogía con interés nuestras propuestas, pero a la vez me explicaba, que en España no era posible un cambio de sistema político y modelo territorial y que no era el momento de debatir una reforma constitucional. Hoy creo que ya ha calado la idea de que la Constitución provisional de 1978 requiere una reforma sustancial que la ponga al día y a la altura de una sociedad que ha madurado en 40 años y cuya últimas dos generaciones se han criado en paz y democracia. El logro de los padres de la Constitución fue conseguir un equilibrio histórico en un tiempo récord entre las Españas enfrentadas (más de dos) y aprovechar la pequeña ventana que la Historia y el destino les oferecieron. Todos eran conscientes de que aquella gran obra no era para la eternidad ni podría sobrevivir como solución provisional para más de una generación, por ello dejaron sembradas alguna semillas que aún no podían germinar en una España entre dictadura y terrorismo, miedo e ilusión. Lamentablemente los hijos y nietos de la Constitución no estuvieron a la altura de sus padres y se negaron a desarrollarla y actualizarla. El desarrollo económico y social nos dejó ciegos para algo que parecían debates académicos, como actualizar una constitución, democratizar un modelo político y organizar las instituciones y territorios. Como en cualquier edificio, la falta de pequeñas reformas y mantenimiento, la dejadez y comodidad hacen que se deteriore todo y que al final la reforma necesaria sea más brusca e intensiva de lo que lo hubiera sido haciéndola a tiempo y por etapas.

En los últimos dos años he oído de vez en cuando aparecer los eslóganes “federalismo” y “participación ciudadana” por los periódicos, las tertulias y las campañas electorales españolas. Para algunos parece obra del diablo y otros creen que son las Aspirinas que lo curan todo, pero nadie se molestó en explicar en que consisten el federalismo y la democracia (semi-)directa, ni en formular una propuesta concreta. Desde mi condición de ciudadano español y abogado suizo, aficionado a la política y defensor del federalismo y la democracia directa, siento la necesidad y responsabilidad de explicar en pocas líneas el contenido y las ventajas del federalismo que vivo a diario y de la democracia directa.

El federalismo compite básicamente con otros tres modelos de estado que son el “centralismo”, el “estado descentralizado” y la “confederación”.

Publicidad

El centralismo y la confederación forman los dos extremos. En el primero, todas las competencias y poderes se juntan en un aparato central que gestiona por igual todo un territorio estatal. La ventaja es que, bien gestionado, puede garantizar una igualdad relativa en todo el territorio. Su gran desventaja es que crea un aparato monstruoso y lejano: ajeno a las realidades locales y la responsabilidad, se diluye en el anonimato.

El otro extremo, la confederación, a día de hoy apenas existe. Es una unión de estados soberanos que voluntariamente se someten a leyes comunes, cediendo parte de su soberanía. Esta fórmula a día de hoy ha quedado prácticamente sustituida por las uniones supranacionales como puede ser la Unión Europea.

Entre estos dos modelos existen dos versiones más moderadas, el estado descentralizado y el federal. La gran diferencia es que en el primero las competencias originarias las tiene todas el estado central, que las puede traspasar o delegar a sus entidades subestatales. En pocos casos –España es uno de ellos– la descentralización es asimétrica. La ventaja de este modelo es que existe un fuerte estado central que lleva las riendas y aplica su criterio a la hora de conceder competencias y recursos. La desventaja es precisamente esa misma circunstancia, si se gestiona mal. El estado descentralizado y más aún el asimétrico tiene el riesgo inminente de crear estructuras paralelas, dependencias y concesiones vinculadas a la coincidencia ideológica entre los gobiernos del estado central y según cual ente subestatal. Aunque fuere sin mala intención, cualquier gobierno central sería más generoso con los gobiernos subestatales de su mismo partido o incluso de otros partidos subestatales cuyos apoyos requiera a nivel nacional. Esta circunstancia es una fuente de injusticia territorial, desafección y corrupción inevitable. Aparte, el estado descentralizado asimétrico a la larga crea frustración, malestar y envidia, sea en sus territorios más favorecidos como en los que menos bien funcionan. Al igual que en una familia, siempre habrá hijos que se sientan desatendidos y sientan celos por los mimos que recibe el otro. El mismo ejemplo muestra que el estado descentralizado, al ser una forma suavizada del estado centralista, parte de una base paternalista en la que hay una supuesta autoridad superior que sabe lo que es bueno para sus entidades subestatales.

En el federalismo las competencias originarias son todas de las entidades subestatales (cantones, bundesländer, states…), pero algunas de ellas se le traspasan desde un principio al estado federal: estas suelen ser defensa, política exterior, aduanas o ciertas infraestructuras de importancia nacional y normas para unificación tecnológica o medioambiental. Aparte se le pueden trasferir al estado federal muchas otras competencias, aunque lógicamente las entidades subestatales suelen ser bastante celosas y reacias a ceder competencias. En Suiza las competencias solo se le pueden ceder al estado federal mediante una reforma parcial de la Constitución (cosa que en este país no es un hecho traumático ni excepcional). Estas reformas constitucionales pueden promoverlas los cantones, las dos cámaras del parlamento o los ciudadanos mediante iniciativa popular. En los tres casos la reforma parcial de la Constitución ha de ser sometida a una votación popular en la que además de la mayoría de los votos populares, se requiere la mayoría de los votos de los cantones para que sea aprobada y entre en vigor. Esto garantiza, que el estado federal no se pueda arrogar competencias nuevas sin consultar al pueblo y los cantones, que son la fuente de la soberanía.

Evidentemente los cantones tienen la posibilidad de colaborar entre sí en concordados regionales o temáticos, para mejorar sus prestaciones y aprovechar mejor sus recursos sin necesidad de ceder la competencia hacia arriba y centralizar la gestión. Uno de los ejemplos es la administración de prisiones: evidentemente no todos los 26 cantones necesitan, ni se pueden permitir, tener una prisión de larga duración, una juveníl, una de alto riesgo, una de mujeres y una preventiva. Por eso en todas las regiones hay concordados de cantones que colaboran en la gestión de sus prisiones, de modo que uno tiene una, el otro otra y un tercero la siguiente.

La ventaja del modelo federal es que es mucho más eficaz, más fácil de controlar por parte de los ciudadanos y genera riqueza. Eficaz, porque cada cantón sabe que solo tiene sus recursos y los tiene que administrar bien y en concordancia con sus ciudadanos, que son los que pagan. Es más fácil de controlar, porque la mayoría de las competencias están en los entes cercanos al ciudadano y a su monedero: el ayuntamiento y el cantón. El control democrático permanente mediante la posibilidad de referendos para evitar la entrada en vigor de leyes aprobadas por el parlamento y la participación ciudadana vinculante mediante iniciativas populares que entran en vigor si son aprobadas por el pueblo, garantiza que los políticos se vean obligados a pactar y buscar el consenso siempre, independientemente de la constelación momentánea del parlamento municipal, cantonal o federal. Los políticos siempre intentarán encontrar compromisos, para que no solicitemos el referéndum. Esa espada de Damocles que controla a los políticos hace que el mejor referendum es el que nunca se celebra, porque ya cumplió su efecto moderador de antemano.

El federalismo genera riqueza, porque los cantones desde su autonomía intentan copiarse las cosas buenas, colaborar donde sea necesario y competir entre sí. Bien gestionadas por políticos bien controlados, las Comunidades Autónomas podrían aprovechar mejor sus recursos humanos y económicos, a sabiendas que esa libertad se la deben a la federación que les une y a la que mantienen lealtad. Evidentemente en casi todos los estados federales, a parte de las competencias cedidas a la federación existen uno o varios fondos comúnes. Para España sería ideal un fondo de compensación, al que se aportara y del que se recibiera según unas reglas a definir con anterioridad y neutralidad. Es decir que se paga o recibe según una clave preestablecida y no dependiendo de lo que se llore o los amigos que se tenga en el gobierno federal. Esto garantiza una mínima solidaridad entre los territorios, pero sin llegar al extremo de crear dependencias, desmotivar el esfuerzo o frustrar al eficaz. Por otro lado sería sensato tener un fondo de emergencias, al que todos aporten una mínima cantidad, como una suerte de seguro, para cualquier tipo de catastrofes u otros imprevistos.

El federalismo combinado con la democracia directa en definitiva mejora el manejo de los recursos, evita monstruos anónimos administrativos, fomenta la competitividad y a la vez garantiza una lealtad y solidaridad mínima. Esto hace que los ciudadanos se sientan más identificados e involucrados, que los políticos sean más eficaces y moderados, que las competencias estén claras y los entes territoriales de menor a mayor sean competitivos, leales y eficaces.

Soy consciente de que en los días que corren mis compatriotas españoles quieren que me posicione entre las dos opciones que ya solo parece haber para el futuro español, pero me niego. Hay alternativas. Yo os propondría una reforma constitucional inmediata. Si sirve como base de debate, ahí tenéis Reforma13 (o que alguien formule algo mejor). Y sobre todo propondría que se excluyan de esta reforma durante dos legislaturas los temas “independencia” y “monarquía”. Arreglemos la Constitución, démosle un plazo de prueba de dos legislaturas y si entonces alguien sigue sin estar a gusto, que tenga los instrumentos legales para someter civilizadamente y con garantias su propuesta a votación. Durante ese periodo de prueba votaremos muchas otras cosas y muchas no hará falta votarlas, porque las legislarán con prudencia y moderación, sabiendo que los controlamos.

Daniel Ordás, de Basilea (BS), es abogado y promotor de reforma13.es

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Verificación de seguridad * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.