Denuncia en Defensor del Pueblo discriminación fiscal en la diáspora

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de un español en el exterior sobre la forma desigual con la que el impuesto de sucesiones y donaciones se aplica a los residentes en el extranjero en función de su país de residencia. Aquellos que viven en la Unión Europea acceden a las reducciones fiscales de su Comunidad Autónoma, mientras que los demás no pueden beneficiarse de ellas. Quedan afectados los españoles de Suiza y próximamente lo serán también los del Reino Unido, entre otros.

Iago Muíños es el denunciante. En su escrito, da un ejemplo: “Si dos hermanos españoles, uno residente en Francia y el otro en Suiza, heredaran un piso en Madrid, el residente en Suiza no se beneficiaría de las reducciones establecidas por la Comunidad de Madrid, al contrario que el residente en Francia. […] Esta diferencia en el trato constituye una discriminación manifiesta, al no existir ninguna diferencia objetiva que la justifique.”

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Este coruñés lleva 15 años viviendo en Londres, ubicación que explica su interés por el tema: “En principio, cuando se complete el Brexit, mi familia y yo dejaremos de ser residentes en la UE. No hemos sufrido la problemática que describo, pero en el futuro podría darse el caso”, explica a Espanoles.ch. Su objetivo es acabar con la discriminación que sufren los españoles en el exterior y espera que el Defensor del Pueblo sugiera la modificación de las normas que provocan esta situación, que considera injusta.

Cree que el tratamiento fiscal de los residentes en el extranjero es “profundamente discriminatorio” y contrario a la jurisprudencia europea: “En mi opinión, España no ha dado completo cumplimiento a una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, indica. También considera que la situación afecta al principio de igualdad tributaria del artículo 31 de la Constitución Española.

Además de lo que describe en su queja, observa otros aspectos injustos en el impuesto de sucesiones de España: “Por ejemplo, en Galicia la herencia recibida por un menor de edad al fallecer uno de sus progenitores estaría exenta o apenas tendría carga impositiva para patrimonios medios o incluso medio-altos. Pero el mismo menor podría tener que pagar una cantidad importante en el caso de vivir fuera de la UE, ya que no se le aplicarían las exenciones. Y todo ello por el privilegio de haberse quedado huérfano”, describe Iago Muíños, que trabaja en el ámbito financiero.

La queja ha sido trasladada por el Defensor del Pueblo a la Secretaría de Estado de Hacienda, para conocer su criterio.

Creado en 1981, el Defensor del Pueblo es la institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos ante las administraciones públicas. Su responsable y sus dos adjuntos son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos y un mandato de cinco años. La institución no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública o sus agentes, presuntamente irregular. En lo que llevamos de año 2017, suma ya más de 23.000 actuaciones, atendiendo a 375.000 ciudadanos.

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