Varapalo del Gobierno suizo a Marta Rovira y Anna Gabriel

Las independentistas catalanas Marta Rovira y Anna Gabriel podrían nunca obtener de Suiza el asilo político. En una entrevista publicada esta semana por el diario Le Temps, el ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, considera que sería «fantasioso» admitir a trámite tal solicitud.

Cassis manifiesta que «las condiciones no se reúnen» y recuerda que para ser admitida similar petición, «el país de procedencia debe carecer de la condición de Estado de Derecho y encontrarse la vida de las solicitantes en peligro, ambas situaciones que no se dan en España», observa el consejero federal suizo.

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A este varapalo a las posibilidades de ambas representantes de seguir fuera de alcance de la Justicia se suma el coste económico que supone una estancia en Suiza.

La exdiputada catalana Anna Gabriel no encuentra trabajo en tierras helvéticas, donde aspiraba a ser contratada como profesora. El miércoles, la que fuera parlamentaria de la CUP ha pedido ayuda por internet. Su situación se agravaría en caso de abrirse un trámite de asilo, ya que la ley suiza prohíbe trabajar a tales solicitantes durante los 3 primeros meses. Posteriormente, el dador de empleo tiene la obligación de conceder prioridad para el mismo puesto de trabajo a todo ciudadano suizo o extranjero regularizado.

A pesar de esta realidad económica, Anna Gabriel está viajando por el país. Hace dos semanas, ha dado una conferencia en la Universidad de Lausanne, invitada por un grupo de estudiantes de ciencias políticas. Este foro la presentó como «diputada» en sus carteles y tuvo que reconocer el error, ya que Gabriel no se presentó en las últimas elecciones. El grupo también informó que no habían sometido la realización del acto a la autorización de la Universidad ni de la Facultad.

En la precedente legislatura catalana, Gabriel cobraba algo más de 73.000 euros brutos al año y declaraba disponer de unos 25.000 euros en cuentas bancarias.

Por su parte, Marta Rovira cobraba hasta marzo de este año cerca de 100.000 euros anuales, sumando el sueldo de diputada autonómica y las indemnizaciones por desplazamiento. Declaró unos 120.000 euros en cuentas, títulos y bienes. Si bien renunció el mes pasado al escaño en el Parlament de Catalunya, sigue siendo secretaria general de ERC.

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