¿Es España una verdadera democracia?

Es indudable que, desde hace unos años, existe un problema político en la relación existente entre Cataluña y España. Y es incuestionable que, de alguna manera, por un mecanismo u otro de los contemplados en las normas jurídicas del Estado, tendrá que solucionarse si queremos evitar que se enquiste aún más en el tiempo y llegue un momento en el que el desencuentro sea tan profundo que no admita más que una solución emocionalmente trágica para ambas partes.

Como se recordará, en el pasado mes de octubre de 2019, las manifestaciones de rechazo a la sentencia del procés y, en consecuencia, a favor de la libertad de los presos encausados, recorrieron pacíficamente las principales ciudades de Cataluña. Unas manifestaciones que culminaron con unas «marchas por la libertad», secundadas por más de medio millón personas procedentes de diferentes puntos y ciudades catalanas. Y que, en un clima pacífico y sin incidentes, confluyeron el sábado 19 de octubre en Barcelona, tres días después de iniciar su camino, para unirse a la huelga general programada para paralizar el país. 

Obviamente, no dejo al margen, al grupo de radicales que, como es bien sabido, una vez finalizadas las reiteradas manifestaciones pacíficas, se dedicaron a sembrar el caos. Y produjeron actos vandálicos contra el mobiliario urbano en todas las principales ciudades catalanes y muy especialmente en Barcelona. Y esto fue una novedad, pues no había ocurrido nunca en nueve años de protestas. Fueron hechos espectaculares, escandalosos y muy mediáticos. Pero minoritarios. Noches de barricadas provocadas por gente muy joven, estudiantes y millennials, enfrentándose a la policía con tácticas muy bien diseñadas de guerrilla urbana, que todos condenamos con contundencia.

También, durante todos esos días, miembros del Gobierno de la Generalitat, políticos de diversos partidos, la mayoría de los medios de comunicación social audiovisuales de Cataluña, una gran parte de la prensa catalana, algunos otros medios del resto de Estado y los mass media catalanes, como vehículos de expresión y creadores de opinión pública, cuestionaron y resaltaron insistentemente, en mayor o menor medida, que España no es, como Estado, una democracia homologable a las del resto de Europa. Obviamente, no seré yo quien afirme o niegue semejante disyuntiva.

Las definiciones del concepto de democracia son variadas. Según la RAE, es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. En su segunda acepción nos dice que es la doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. En el Diccionario jurídico se la define como la doctrina política en favor del sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes. Y, en sentido estricto de la UE, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.

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Dicho esto, es relevante y admite también exponerlo con claridad, que la organización no gubernamental con sede en Washington, Freedom House, que se describe como «una voz clara para la democracia y libertad por el mundo, en su informe Freedom in the World, otorga a España una puntuación de 94 sobre 100. Otra organización como Varieties of Democracy, compuesta por un equipo de 30 científicos sociales de todos los continentes y cuyo propósito es producir indicadores sobre las democracias a nivel mundial, en su Liberal Democracy Index puntúa a España con 0,74 sobre 1. Por su parte, The Economist que es una publicación inglesa que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global, considera y evalúa a España en su sección Countries and Regions, como «full democracy» y la sitúa en la posición 19, con una puntuación de 8,08 sobre 10.

Algunos datos pueden servir de análisis comparativo con otras democracias europeas de nuestro entorno fuertemente asentadas:

El demócrata Reino Unido suspendió cuatro veces la autonomía del Ulster. La primera vez en febrero de 2000, durante tres meses, por el entonces ministro Peter Mandelson. Y por cuarta y última vez, en octubre de 2002 y hasta el 2007, siendo primer ministro Tony Blair.

Tras la Guerra de la independencia irlandesa, que se libró entre 1919 y 1922, el Reino Unido ocupó el Ulster y se negó a cederlo a Irlanda basándose en la mayoría protestante de sus habitantes.

Se critica y, quizás, con razón, que no existe una verdadera independencia entre el poder judicial y los poderes políticos, ya que el Consejo General del Poder Judicial, compuesto por 20 miembros llamados vocales, son elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) y nombrados por el Rey, entre jueces y juristas de reconocida competencia. Pues bien, en Alemania, una «verdadera democracia», los jueces, son elegidos a dedo por los partidos políticos, que se los reparten.

Siguiendo con Alemania, el Tribunal Constitucional de dicho país negó en 2017 a Baviera un referéndum independentista. El dictamen judicial advirtió de que la ley fundamental alemana impide a los Länders separarse de Alemania.

Holanda, el pasado año, suspendió la autonomía de isla de Curazao, que quería independizarse. La decisión, tomada por el gobierno del primer ministro, se apoyó en los artículos 43 y 51 del Estatuto holandés, que facultan al Ejecutivo central con la competencia de disolver parlamentos regionales y convocar elecciones.

En la democrática y avanzada monarquía belga, el Rey nombra a los jueces y también nombra y revoca los nombramientos de los fiscales ante los órganos correspondientes.

En Francia la única lengua oficial es el francés. Ninguna lengua regional es co-oficial.

Solo hay 3 países de los 193 reconocidos por la ONU que contemplan en su constitución la secesión y son: Liechtenstein, Etiopía y el Estado federal insular caribeño denominado San Cristóbal y Nieves.

La Carta Magna de las dos repúblicas españolas proclamaban claramente la indivisibilidad de España.

Alemania, Francia y Portugal, entre otros países, o no permiten en sus constituciones los partidos regionalistas, o si los permiten es únicamente mientras no amenacen la unidad nacional.

Francia imposibilita poder modificar la constitución, ni por mayoría ni por nada, para permitir una secesión.

Siendo Alemania un sistema federal, concede menos competencias a sus correspondientes Länders que España a sus autonomías.

Italia es indivisible, y se quitará del cargo a todo presidente regional que realice actos contrarios a la Constitución. 

Estos anteriores ejemplos que he puesto, para muchos lectores, probablemente, serán objeto de polémica. Y es que en el día a día, pasamos gran parte de nuestro tiempo discutiendo e intentando, mediante la palabra y acciones, convencer a los demás de nuestra verdad. Es la realidad de nuestra vida cotidiana. En este sentido, consideramos que el problema es el desacuerdo, la discrepancia. Y en cambio, el conflicto es vida, es una dialéctica sobre distintas y opuestas maneras y actitudes de ver la realidad e intentar influenciarla.

Como nos dejó dicho Winston Churchill: «la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás». Así pues, aunque conseguir un pensamiento libre en la sociedad actual es difícil, porque la democracia está pervertida y secuestrada por el capitalismo más salvaje, espero que cada uno pueda juzgar, según su libre opinión, si España es o no una verdadera democracia.

Juan Antonio Valero ha sido director de la Agrupación de Lengua y Cultura de Lausanne (VD)

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