Información al público sobre las implicaciones de la pretendida reforma del voto exterior

Comunicado importante del CRE Ginebra:

En una revisión de la Ley Electoral General (LOREG), las direcciones nacionales de los partidos políticos españoles se han propuesto una reforma del voto exterior con el firme objetivo de seccionar hasta la insignificancia los derechos constitucionales de los españoles residentes en el exterior. Cuando, con mucho esfuerzo, trabajaban incansablemente para enviar las remesas que durante décadas ayudaron a sostener la balanza de pagos española, estos ciudadanos residentes en el extranjero eran llamados «buenos españoles» o «patriotas». Hoy, en un momento de selectiva amnesia histórica, son identificados con el eufemismo de «residentes ausentes».

Nos cuesta creer que haya unanimidad, o amplia mayoría, para borrar del mapa a más de un millón y medio de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Nos cuesta creer que se esté preparando el reconocimiento legal de subcategorías inferiores de ciudadanía, vacías de contenido, borrando con el codo todo lo escrito en la Constitución española de 1978, así como hace menos de cuatro años en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, respecto de la igualdad de derechos que deben tener todos los españoles con independencia del lugar donde residan. Los ciudadanos en el exterior hemos sido desconsiderados. Asimismo, lo hemos sido los Consejos de Residentes Españoles (CRE), que representamos a los expatriados en cada Consulado, y el propio Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, órgano mundial que nos representa directamente acerca del Gobierno. A pesar de que estos dos órganos de participación institucional hayan sido creados por el Gobierno (en 1989) y estén dotados de base legal (desde 2006), el Parlamento también los han ignorado, dado que la reforma de la LOREG que se está fraguando en el Congreso de los Diputados no ha sido acompañada por el debido proceso de consulta obligatorio de dichos órganos de la diáspora.

En su artículo 68.5, la Constitución española consagra que «son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España».

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La Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en su artículo 4.1, establece que «los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado Español, en los términos previstos en la normativa de aplicación».

Actualmente, el material de voto llega automáticamente a cada elector inscrito, que puede decidir si votar por correo o acudir al Consulado para depositar su papeleta. Lo que se pretende en Madrid es que el ejercicio del voto exterior quede dificultado por un trámite administrativo adicional totalmente inútil: se trataría de obligarnos a solicitar, en cada elección y por escrito, que nos remitan el material de voto, junto con la acreditación necesaria tanto en el voto por correo como en el voto presencial (que consiste en depositar la papeleta de voto en la ventanilla del Consulado, como ya viene siendo posible actualmente con escasa participación, y no en una Mesa electoral con urna). Esto podría vulnerar la Constitución española, ya que en vez de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio, la reforma planteada lo dificultaría.

Por otra parte, la reforma pretende prohibirnos votar en las elecciones municipales españolas, aunque tengamos vivienda familiar (y, por tanto, intereses claros) en nuestro municipio español, y aunque no tengamos derecho a voto en nuestro municipio de residencia en el extranjero.

Ambos aspectos violarían la Ley 40/2006, ya que los españoles en el exterior dejaríamos de ser electores «en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado Español».

Uno de los principios indiscutiblemente inherentes a las personas y su nacionalidad es el derecho político: el poder ejercer el derecho de votar, el de elegir a sus gobernantes y legisladores, y el de ser elegidos. Cualquier limitación aplicada a un español, basada en el hecho de residir en el exterior, es automáticamente limitativa de tal nacionalidad. Sería directamente equivalente a diferenciar a los ciudadanos: unos de primera, otros de segunda y –por qué no– de tercera categoría. Los ciudadanos españoles que vivimos en el exterior somos tan ciudadanos y, por ende, contamos oficialmente con los mismos derechos y obligaciones que los españoles que viven y residen en España, incluidos quienes ocupan cargos en los distintos estamentos públicos.

Por todo ello, la comunidad española de nuestra demarcación consular de Ginebra (Suiza) rechaza enfáticamente cualquier reforma limitativa de sus derechos y discriminatoria de nuestra condición de ciudadanos residentes en el exterior. Si las expresiones del abanico político español se unieron para suprimir nuestros derechos constitucionales, los ciudadanos españoles en el exterior nos uniremos para impedirlo, cualquiera sea nuestra opinión política individual, pues se trata a todas luces de una propuesta discriminatoria, insolidaria, injusta y lamentable.

Es responsabilidad del Estado español garantizar que los residentes en el exterior, sin perjuicio del lugar de residencia, puedan ejercer su derecho al voto en forma efectiva. Cualquier reforma de la Ley Electoral debe ampliar derechos y favorecer la participación, y no ser una excusa para cercenar o eliminar los mismos.

Se están evaluando todas y cada una de las acciones que sean necesarias para evitar este atropello, haciendo reserva de nuestro derecho de presentar denuncias delante cualquier institución estatal e internacional, denunciando la flagrante, anticonstitucional y discriminatoria supresión de derechos a más de un millón y medio de ciudadanos de uno de sus países miembro.

Hemos hecho llegar a los Señores Diputados y Senadores nuestra opinión de que están equivocados. Desde el mes de abril, están recibiendo la correspondiente reprobación desde rincones de todo el mundo, pues están olvidando que por encima de las ideologías políticas se encuentra el sentimiento de pertenencia a una tierra y los indestructibles lazos sociales y culturales. Esto ha propiciado además que, inéditamente, las estructuras del PSOE y del PP en el exterior hayan manifestado públicamente su malestar y su profunda disconformidad con esta reforma discretamente pactada en Madrid por sus grupos parlamentarios nacionales.

Igualmente, nos hemos dirigido al Señor Presidente del Gobierno de España, pidiendo que intervenga ante semejante arbitrariedad legislativa. Creemos que nuestros parlamentarios aún están a tiempo de recapacitar, y trabajar para buscar sistemas de votación que contemplen un adecuado balance entre los criterios de transparencia y rigor presupuestario, para que podamos ejercer nuestro legítimo derecho con limpieza y sin cuestionamientos de ninguna índole en todas las convocatorias electorales que se realicen en España, bien sean municipales, autonómicas, generales como europeas y eventuales referendos.

Queremos seguir siendo los auténticos «embajadores» en nuestros países de residencia, como lo han manifestado desde su Majestad el Rey, los diferentes jefes de Gobiernos e infinidad de personalidades españolas, en reiteradas oportunidades, reconociendo y ampliando todos los derechos que ahora nos quieren conculcar las direcciones de los grupos parlamentarios.

CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES
DE LA DEMARCACIÓN CONSULAR DE GINEBRA
(CRE GINEBRA)

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